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La UE exige pensiones sostenibles y salvar la reforma laboral para pedir el Fondo de Reconstrucción

La UE exige pensiones sostenibles y salvar la reforma laboral para pedir el Fondo de Reconstrucción

Fecha: 11 Julio 2020 01:21

Endurece las condiciones para recibir las ayudas. Mantiene los 500.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, pero rebaja un 2,36% el marco presupuestario 2021-2027. Michel endurece las condiciones de acceso: se necesitará el 55% de los votos

Puede que la presidencia del Eurogrupo no sea la única victoria del club de los frugales, partidarios de la orPuede que la presidencia del Eurogrupo no sea la única victoria del club de los frugales, los partidarios de la ortodoxia presupuestaria. El presidente del Consejo, Charles Michel, presentó ayer una propuesta de consenso sobre del Fondo de Reconstrucción por valor de 750.000 millones de euros, con el objetivo de tender puentes y conseguir un acuerdo en la cumbre que se celebrará la próxima semana los días 17 y 18 de julio.

En este nuevo documento, Michel mantiene la propuesta del Ejecutivo comunitario –apadrinada por la canciller Ángela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron– de destinar el grueso del paquete, 500.000 millones de euros, en transferencias a fondo perdido no reembolsables con el objetivo de no seguir engordando la deuda de países como España e Italia. Los 250.000 millones de euros restantes serían forma en préstamos.

A pesar de que el político belga no ha introducido cambios en este apartado y se ha mostrado inmune a las presiones de los halcones del Norte, Michel concede importantes bazas a ese bando. Según el texto desvelado ayer, los países más beneficiados como España e Italia se enfrentarán a condiciones más duras para acceder a estas ayudas. La propuesta inicial del Ejecutivo comunitario daba voz a las capitales a través de un oscuro proceso denominado «comitología» bajo la batuta de la Comisión Europea, pero Michel pone luz y taquígrafos al vincular la luz verde a estas ayudas a la mayoría cualificada de los miembros del Consejo.

¿Y qué significa eso? Que para conseguir el desembolso del dinero será necesario lograr el voto favorable del 55% de los miembros de las capitales europeas que supongan al menos el 65% de la población continental. Aunque los denominados cuatro frugales (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia) no tienen por sí solos minoría de bloqueo pueden conseguir el apoyo de otros socios, algo que no puede darse por descontado después de la capacidad de movilización demostrada por los países pequeños en la rebelión contra la candidatura del Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo.

Al pasar de ser un proceso técnico a político, el Eurogrupo puede convertirse en un foro esencial como preludio a las decisiones a Veintisiete, con dinámicas muy parecidas a las ocurridas durante las negociaciones de los rescates de la pasada década. «Tras mis contactos de los últimos días, he tenido la impresión de que era esencial reforzar la responsabilidad del Consejo con el fin de garantizar que las reformas necesarias se aplicarán en todas partes», ha explicado Michel, a pesar de reconocer que este método divide a Norte y Sur. El dinero deberá destinarse a la doble transición verde y digital promovida por la Comisión Europea y tener en cuenta las recomendaciones efectuadas de manera periódica por el ejecutivo comunitario dentro del proceso denominado Semestre Europeo.

En el caso de nuestro país, esto incluye la sostenibilidad de las pensiones y que se tenga especial cuidado en el desarrollo de una nueva reforma laboral –un claro toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez sobre sus intenciones de derogar la que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy–.

Uno de los grandes interrogantes consiste en hasta qué punto se tendrá en cuenta el incremento del déficit, después de que Bruselas haya dado manga ancha a los países para que gasten todo lo que sea necesario para luchar contra los estragos económicos ocasionados por el coronavirus. La propuesta de Michel alude de manera críptica a la necesidad de reforzar el crecimiento potencial y la «resiliencia económica y social».

Además, Michel ha escuchado las quejas de varios países sobre el criterio de reparto de los fondos por utilizar los parámetros anteriores a la crisis del coronavirus. En aras de conseguir un consenso, el 70% del desembolso se estipulará según el desempleo, PIB y población de los años 2015 a 2019 y el 30% restante según la caída del PIB derivada del coronavirus durante los años 2020 y 2021. Se esperará hasta 2022 para poder medir este impacto. En consonancia, el 70% de los fondos llegarán en los dos primeros años, mientras que el 30% se postergará después de esta fecha, aunque se espera que el dinero deje de fluir a partir de 2026.

Dentro de los guiños a los halcones, Bruselas ha rebajado un 2,36% la cantidad del marco presupuestario 2021-27 que va aparejado a este Fondo de Reconstrucción. De los 1,1 billones propuestos por el Ejecutivo comunitario se pasa a los 1,047%, aunque no sufren recortes ni los fondos agrícolas ni los que reciben las regiones. Para también contentar a los nórdicos y a Berlín, Michel mantiene los cheques compensatorios –rebates en la jerga comunitaria– recibidos por los países que más contribuyen a la caja común, a imagen y semejanza del famoso cheque británico negociado por Margaret Thatcher.

Michel también mantiene la posibilidad de cortar el grifo de los fondos a los países que incumplan el Estado de Derecho, en clara alusión a los países del Este, y propone un fondo específico de 5.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de un posible Brexit caótico el próximo 31 de diciembre.

La primera reacción del Gobierno español a esta propuesta fue de cautela. A priori, en Moncloa han recibido con buenos ojos el plan comunitario porque no cambia el montante inicial del fondo que propuso la Comisión, y porque entiende también que se tiene que dedicar la mayor parte a ayudas directas. Pero en los matices está el peligro. El Consejo exige reformas que cumplan con las recomendaciones de la política económica como condición para recibir ayudas del futuro fondo de recuperación.

En el caso de España las recomendaciones de los últimos ejercicios pedían preservar la sostenibilidad de las pensiones, que Bruselas ve en riesgo por la vinculación al IPC, y alababan las reformas laborales de 2011 y 2013 realizadas por el PP, que el Gobierno de Sánchez pretende ahora derogar.

La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, se mostró ayer cauta e instó a no sacar conclusiones prematuras antes de estudiar a fondo las condiciones de la propuesta comunitaria, ya que es solo la «base para negociar. «La vamos a analizar en detalle y luego se decidirá la posición de nuestro país a la propuesta».


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