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Illa articulará el freno a las privatizaciones sanitarias en medio año

Illa articulará el freno a las privatizaciones sanitarias en medio año

Fecha: 26 Enero 2020 02:26

OBSERVATORIO DE SANIDAD El Gobierno quiere priorizar la gestión directa y abre la puerta a activar medidas que permitan derogar conciertos activos. 

El nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya tiene un listado de prioridades sobre la mesa para la presente legislatura, unas obligaciones en las que lo político está por delante de lo sanitario. Y es que el catalán primará uno de los objetivos de los socialistas desde que Carmen Montón llegara al departamento: frenar e incluso facilitar la derogación de los conciertos del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el sector privado. 

Según indica el programa de Gobierno pactado entre el PSOE y Unidas Podemos, esta estrategia tendrá que estar preparada y habilitada en medio año como máximo. La apuesta del Gobierno de coalición pasa por una sanidad basada en "la gestión pública directa".

De esta manera se pretende lograr un viejo objetivo del PSOE. Carmen Montón, la primera ministra de Sanidad de Pedro Sánchez en la pasada legislatura, llegó con la idea de poner coto a estas fórmulas de gestión sanitaria. No hay que olvidar que fue ella quien ejecutó la reversión del conocido Modelo Alzira en la región levantina de La Ribera cuando era consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana. 

Retomar la labor

Estos trabajos, que habían sido aparcados por María Luisa Carcedo, serán retomados por Illa. Todo partirá de la revisión de la Ley 15/1997, que es la que habilita nuevas fórmulas de gestión del SNS y que abre la puerta a "privatizaciones del sistema".

La idea es que en un máximo de seis meses, una comisión integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para la susodicha revisión legislativa.

Todo esto enmarcado en el contexto de que tanto el PSOE como Unidas Podemos han dejado claras sus intenciones de romper la relación de la sanidad privada con el SNS. Solo falta dar con la tecla. Sin duda, la derogación de los conciertos sanitarios está sobre la mesa.

Paradoja

El hecho de que esta vaya a ser una de las primeras iniciativas que acabe impulsando Illa no deja de ser paradójico. El ministro de Sanidad es de Cataluña, la región que más invierte en conciertos sanitarios. Concretamente, destina unos 2.517 millones de euros públicos, una cuarta parte del gasto sanitario catalán.

Así lo indican los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). A Cataluña le siguen Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. En total, el 11,2% del gasto sanitario público se va a los conciertos sanitarios.

Lo cierto es que la inversión pública tiene cierto peso en el sector sanitario privado. Una cuarta parte de los facturación de los hospitales privados procede, precisamente, de los conciertos y el 43% de estos centros tiene algún tipo de servicio pactado con el Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, el IDIS argumenta que una apuesta por la gestión pública puede salirle más cara al Gobierno. Basándose en los datos extraídos de la experiencia de Ribera Salud en el área levantina de La Ribera, el ente argumenta que el coste por paciente a través de las concesiones a la sanidad privada es de 824 euros, mientras que en el caso de la gestión pública directa el precio sube a 1.333 euros.

Más gasto

No es la única labor que tiene marcada en rojo Illa. Tendrá que actualizar y mejorar la situación de la Atención Primaria y sus profesionales, introducir la atención sanitaria bucodental en la Cartera de Servicios del Servicios del SNS, abordar la actualización del convenio con la industria farmacéutica para limitar el gasto en fármacos innovadores y suprimir el copago farmacéutico a los colectivos más vulnerables.

Para esto, el Ministerio de Sanidad no podrá actuar solo. Va a necesitar el apoyo de otros ministerios y financiación, mucha financiación. Solo poner fin a los copagos supondrá para las Administraciones Públicas perder unos 600 millones de euros en ingresos. De ahí la idea de aumentar el gasto en sanidad en más de un punto de PIB antes de que termine la legislatura.

Tecnología sanitaria

Y es que hay acciones para las que si no se pone una importante cantidad de dinero sobre la mesa no se podrán abordar. Es es el caso de del plan para impulsar la renovación de la tecnología sanitaria (rayos X, técnicas de diagnóstico, etcétera).

La patronal de este sector, Fenin, pone cifras a ese plan 'renove' de equipos: 1.600 millones de euros en cuatro años. Mucho trabajo tiene por delante el titular de la política sanitaria en España. 


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